Interseccionalidad

La interseccionalidad es un marco analítico que sostiene que las distintas categorías sociales, como el género, la raza, la clase, la sexualidad o la discapacidad, no operan por separado, sino que se entrecruzan y producen formas específicas de opresión y de privilegio que no pueden comprenderse sumando sus efectos.

El término fue acuñado por la jurista afroestadounidense Kimberlé Crenshaw en 1989, en el ámbito de los estudios jurídicos, para mostrar cómo las mujeres negras quedaban en una posición de desventaja que ni la legislación contra el racismo ni la que combatía el sexismo lograba recoger, porque ambas tomaban como referencia a un solo grupo. Sus antecedentes son anteriores: mujeres negras del siglo XIX y comienzos del XX, como Sojourner Truth, Anna J. Cooper o Ida B. Wells, ya denunciaron que el movimiento feminista hablaba de «la mujer» como si se tratara de una categoría homogénea, cuando las experiencias de las mujeres blancas de clase media no servían para describir las de las mujeres negras, pobres o trabajadoras. El manifiesto del Combahee River Collective, en 1977, desarrolló la idea de una opresión simultánea que atraviesa a una misma persona.

Los autores que han trabajado el concepto coinciden en que su potencia está en rechazar el análisis aislado de cada eje de opresión. Patricia Hill Collins habla de una matriz de dominación formada por vectores de opresión y privilegio que interactúan entre sí. bell hooks, Audre Lorde y Djamila Ribeiro insisten en que raza, género y clase se combinan y se refuerzan, y que la experiencia de quien vive varias de estas posiciones a la vez no es la suma de sus partes.

Un ejemplo sencillo ayuda a verlo: la discriminación laboral que sufre una mujer racializada y de origen humilde no puede explicarse solo como machismo ni solo como racismo, porque sus efectos se producen en la intersección de ambos y de su posición económica.

El concepto se ha aplicado de forma amplia en el feminismo, los estudios de género, la sociología, el derecho y las políticas públicas. Sus defensores lo presentan como una herramienta para pensar la justicia social con más matices. Sus críticos señalan que puede volverse tan amplio que resulte difícil de aplicar en la investigación empírica, que tiende a reducir a las personas a etiquetas demográficas y que su uso ideológico ha generado debates. También se discute su alcance en contextos poscoloniales y transnacionales, donde las categorías de opresión adquieren otras formas.